La corresponsabilidad de otros poderes y administraciones públicas además de los Servicios Sociales, así como del sector privado y ciudadanía en general, en las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección orientadas a garantizar el bienestar de la infancia y la adolescencia y la actuación en situaciones de violencia, riesgo y desamparo se desarrollan de forma amplia tanto en la legislación estatal (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio) como autonómica (Ley 2/2024, de 15 de febrero).

De forma particular, destacan los deberes de colaboración, cooperación y coordinación atribuidos a:

• El ámbito sanitario 
• El ámbito educativo 
• El ámbito judicial 
• El ámbito policial
• El ámbito de la actividad física y el deporte
• Las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil, intervinientes en la implementación de las políticas públicas, en la prestación de servicios o en la aplicación de medidas en materia de promoción, prevención, atención y protección de la infancia y la adolescencia.

Todo ello queda reflejado en los diferentes protocolos de actuación y coordinación elaborados al efecto.